Controlar la pandemia requerirá de convergencia y articulación entre las políticas de salud, económicas, sociales y productivas de los países de la región

Un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantea que solo aplanando la curva de contagios será posible la reactivación económica, y propone tres fases para controlar la pandemia, reactivar la economía con protección y reconstruir de manera sostenible e inclusiva.

 

Ambos organismos señalas que solo si se aplana la curva de contagio de la pandemia por COVID-19 se podrán reactivar las economías de la región. El reporte propone un enfoque con tres fases que incluyen la adopción de políticas de salud, económicas, sociales y productivas dirigidas a controlar y mitigar los efectos de la pandemia, reactivar con protección y reconstruir de manera sostenible e inclusiva.

 

Algunos países han llevado a la región a convertirse en el epicentro actual de la pandemia, encabezando las estadísticas mundiales de casos. Al 29 de julio, se han registrado más de 4,5 millones de casos de COVID-19 y casi 190 mil muertes en América Latina y el Caribe. Una importante cantidad de países está lejos de alcanzar un aplanamiento sostenido y significativo de la curva de contagios. En el plano social y económico, la pandemia ha desatado una inédita crisis económica y social, y si no se toman medidas urgentes, podría transformarse en una crisis alimentaria y humanitaria.

 

Según el informe titulado Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, la pandemia ha afectado profundamente no solo la vida diaria de las personas en la región sino también sus medios de vida.

 

En lo inmediato, la pandemia ha provocado la recesión más abrupta de la historia que, de acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, implicará una caída del crecimiento regional de -9,1% en 2020, acompañado de un alza en el desempleo alcanzando una tasa cercana a 13,5%, un incremento de la tasa de pobreza de 7,0 puntos porcentuales para alcanzar el 37,3% de la población y una agudización de la desigualdad con un alza promedio en el índice de Gini de 4,9 puntos porcentuales.

 

Por su parte, los sistemas de salud de los países de la región, que ya estaban subfinanciados y fragmentados antes de la llegada de COVID-19, enfrentan la respuesta a la pandemia con debilidades en el ejercicio de la función de rectoría de las autoridades de salud. El gasto público en salud solo alcanza en promedio el 3,7% del PIB, por debajo del 6% recomendado por la OPS como base. Una tercera parte de la población todavía enfrenta algún tipo de barrera para acceder a los servicios de salud que necesita.

 

De acuerdo con el informe dado a conocer hoy en una conferencia de prensa conjunta encabezada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Carissa F. Etienne, directora de la OPS, los altos grados de desigualdad acompañados por elevados niveles pobreza, informalidad, desprotección social y limitado acceso a salud oportuna y de calidad, explican los altos costos sociales que la pandemia está teniendo en la región.

 

En la dinámica de los contagios también influye el alto grado de urbanización y metropolización -más de un tercio de la población vive en ciudades de un millón o más habitantes- y los déficits acumulados en las urbes en materia de hacinamiento, falta de servicios de agua y saneamiento, y transporte público atestado. Y más allá del compromiso y entrega del personal de salud, las debilidades históricas del sistema público de salud también contribuyeron a la vulnerabilidad de la región.

 

El informe sostiene que la matriz de desigualdad en la región posiciona a ciertos grupos en especial situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas mayores (85 millones), trabajadores informales (54% del empleo regional), mujeres (mayoría en actividades informales, con trabajo no remunerado aumentado y mayor exposición a violencia doméstica), pueblos indígenas (60 millones de personas y con comunidades que pueden desaparecer), personas afrodescendientes (130 millones de personas en 2015), personas con discapacidad (70 millones de personas) y migrantes. Todos estos grupos requieren una atención especial que mitigue sus condiciones especiales de vulnerabilidad.

 

En materia de salud, los hogares financian más de un tercio de los gastos en atención de salud con pagos directos de su bolsillo, cerca de 95 millones de personas deben afrontar gastos catastróficos en salud y casi 12 millones se empobrecen debido a estos gastos.

 

La disponibilidad promedio de médicos y de camas hospitalarias no llega ni a la mitad de la que tienen países más desarrollados, como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que representa barreras de acceso importantes. Por otro lado, y debido a la pandemia, la atención de otras enfermedades se ha pospuesto o interrumpido, lo cual empieza a reflejarse en un exceso de mortalidad que señala los profundos efectos del desplazamiento tanto de la oferta como en la demanda de servicios.

Control, reactivación y reconstrucción

Para enfrentar la pandemia y sus efectos de corto y largo plazo, CEPAL y OPS proponen un conjunto de principios para la acción y políticas, y una amplia gama de medidas de salud, sociales y económicas a desplegarse en tres fases no lineales e interrelacionadas: control, reactivación y reconstrucción.

 

Tres mensajes articulan las medidas que plantean ambas organizaciones para enfrentar la pandemia: No hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada, y no hay reactivación posible sin un plan claro tendiente a evitar el repunte de los contagios; las medidas sanitarias dirigidas a controlar la pandemia (entre ellas cuarentena y distanciamiento social) deben implementarse articuladamente con las medidas sociales y económicas dirigidas a atenuar los efectos de la crisis, pues estas últimas facilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias; y reconstruir mejor implica promover el desarrollo sostenible e inclusivo con la igualdad en el centro, avanzando en la transformación productiva y en la creación de un estado de bienestar.

 

“Avanzar en la igualdad es fundamental para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sostenible en América Latina y el Caribe. Debemos atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades. Por ello cambiar la estrategia de desarrollo es esencial en la región”, señaló Bárcena.

 

“Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes, que requiere de sistemas de salud sólidos y bien financiados para superar esta crisis y así poder recuperarnos. Invertir en salud pública hasta alcanzar al menos un 6% del PIB, con particular énfasis en la atención primaria en salud es proteger los logros alcanzados en salud, pero también asegurar el desarrollo sostenible y hacer frente a la creciente pobreza y desigualdades en la región”, indicó Etienne, directora de la OPS.

 

“La salud es un derecho humano fundamental y el acceso debe ser universal, sin que nadie quede atrás. La salud de nuestras comunidades, pero también de nuestras economías dependen de ello”, agregó.

 

Finalmente, en el informe se indica que el listado de medidas que sugieren ambos organismos descansa en la necesidad de articular las políticas de salud con las económicas, sociales, y productivas. Entre ellas destacan las de testeo, seguimiento de contactos y medidas de salud pública como cuarentenas o de distanciamiento social, y el fortalecimiento de los sistemas de salud, con un enfoque en la atención primaria de salud y garantizando el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública.

 

Estas medidas deberían ser acompañadas de políticas de Ingreso Básico de Emergencia (IBE), Bono Contra el Hambre y protección al sector productivo, que apoyan las medidas de salud. Junto a estas medidas inmediatas, se esboza un conjunto de planteamientos estratégicos para la reconstrucción con el reconocimiento de la salud como derecho humano y bien público garantizado por el Estado, el robustecimiento de la salud pública, la consolidación de sistemas de protección social universales e integrales, la implementación de una política fiscal progresiva y un gasto público suficiente, eficiente, efectivo y equitativo, aceleración en la transformación digital, la reducción de la dependencia regional de productos médicos importados  y cambios en la matriz productiva, junto a un impulso de la inversión verde.

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