OIT: “Más de 2.700 millones de trabajadores en el mundo sufrieron el despido o reducción de sus ingresos laborales por la pandemia de COVID-19”

El dato fue expuesto por representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina, que participaron del encuentro virtual «Trabajo e ingresos en tiempos de pandemia. Reflexiones sobre la actualidad y el futuro posible», organizado por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA y el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Participaron además expertos de la UBA y de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Una conferenciar virtual, que convocó a más de 150 participantes y fue transmitido en vivo por el canal de YouTube del Laboratorio de Comunicación y Medios de la Facultad de Ciencias Sociales (MediaLabUCA)., fue organizado días atrás para analizar la problemática que enfrenta el mercado laboral.

La apertura estuvo a cargo de la Decana de la Facultad, Dra. Liliana Pantano. Participaron Eduardo Lépore (Docente e Investigador UCA, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Eduardo Chávez Molina (Docente e Investigador, UBA), Antonio Martín Artiles (Universidad Autónoma de Barcelona), Elva López Mourelo (OIT), Roxana Mazzola (FLACSO, UBA, ANSES) y moderó Silvia Stang (Periodista de La Nación).

El encuentro se centró en las medidas que están tomando los gobiernos de Argentina y de distintos países para sostener el empleo y los ingresos, en estos tiempos excepcionales que requieren adecuaciones en las modalidades de prestaciones de trabajo, reconversión de empleos y empresas, el cuidado sanitario de los trabajadores y cómo se encarará la actividad post pandemia.

Elva López Mourelo, especialista en trabajo inclusivo en la Organización Internacional del Trabajo, reveló que “más de 2.700 millones de trabajadores en el mundo sufrieron el despido o reducción de sus ingresos laborales por la pandemia de COVID-19”.  “Por las desigualdades económicas entre los países, están más afectados lo que se encuentran en desarrollo y aquellos en los cuales se presentan dificultades preexistentes, como Argentina”, expresó.

 

Si bien se observa una caída de la actividad en todos los sectores, esto se da con mayor profundidad en los trabajadores informales y en quienes tienen menos acceso a mecanismos de protección. Los grupos más afectados son las mujeres, los jóvenes que se iniciaban en el mercado laboral y ya estaban en situaciones de mayor debilidad, los trabajadores informales que reciben menores ingresos y resisten menos el paro de actividades, los trabajadores independientes, los monotributistas, que no pueden desarrollar sus actividades o profesiones,  y los migrantes que pierden sus empleos muchos de ellos precarios y no pueden regresar a sus países. Muchos de ellos tienen empleos esenciales, como entrega de productos a domicilio, y carecen de protección sanitaria.

 

López Mourelo señaló en su charla virtual que hay un marco de políticas a desarrollar: estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas y el ingreso, proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo, buscar soluciones mediante el diálogo social y afirmó que hay que discutir el impacto de la pandemia en la desigualdad estructural, qué lecciones se pueden tomar de esta experiencia y cómo hubiera impactado si se contase con mejor estructura de institucionalidad y cuáles serán las implicancias de la experiencia en el futuro del trabajo.

 

                  

El mercado laboral y el impacto del COVID-19

Silvia Stang, moderadora del encuentro, explicó el panorama actual en el cual el aislamiento social afecta en lo laboral y también en lo personal. Señaló que “los gobiernos están tratando de determinar cómo mantener los ingresos y puestos laborales. Crecen acuerdos donde se aceptan reducciones de sueldos”. Además, afirmó que se deben aprender tecnologías para desarrollar el teletrabajo y los encuentros virtuales. Concluyó explicando que “los riesgos de esta situación recaen especialmente en los informales y cuentapropistas”.

Antonio Martín Artiles, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, se refirió al escenario post pandemia y si esto resultará en un cambio en el modelo económico y el empleo. Describió cuatro ejes:

  1. El empleo: En España estiman un 21% de desempleo y una pérdida del 8 al 13% del PBI. Se discute el modelo de empleo, en el cual el 25% tiene que ver con el turismo y se calcula un 31% en el paro. Señaló que se debe reindustrializar en especial el sector sanitario y la agricultura.
  2. Garantizar ingresos: Afirmó que esto es un desafío: “Se ha querido estimar entre 500 y 900 euros el ingreso de emergencia pero aún no llegaron a un acuerdo”. Sostuvo que se debe trabajar sobre el problema de la vivienda y los alquileres y en particular garantizar un ingreso a los trabajadores autónomos. También ofrecer créditos blandos.
  3. Pacto de recuperación: Artiles dijo que se ha querido recrear el pacto de la Moncloa pero no ha sido posible: “Hay un buen diálogo intersindical pero no entre los distintos sectores políticos. Es necesario acordar para recuperar sectores estratégicos”.
  4. Gobernanza de la Unión Europea: Señaló que se trabaja sobre la creación de un fondo de 540 mil millones de euros. Asimismo, explicó que la idea es crear una especie de “Plan Marshall” de 1,6 o 2 billones de euros para los presupuestos de 2021 a 2027, acordar que las deudas se paguen a largo plazo, generar planes de inversión para levantar la economía, un sistema de seguro de desempleo complementario al de cada país de la UE y un impuesto europeo directo que pagarían los individuos.

Concluyó diciendo que “se necesita nacionalizar empresas estratégicas como por ejemplo las líneas aéreas”. Sobre esto indicó que hay un desafío, una relativa desglobalización o un cambio de paradigma: en vez de políticas de austeridad, que sean de desarrollo.

 

Por su parte, Eduardo Chávez Molina, docente e investigador de la UBA, afirmó que es preciso caracterizar la ocupación y el impacto de la falta de ingreso o precarización laboral en esta pandemia: “El contexto económico con recesión e inflación, aunque se vinieran morigerando, complica al mundo empresarial y al del trabajo que ya venía con dificultades. Hay una teoría acerca de un posible crecimiento rápido, pero tiene limitaciones”.

 

Señaló que los sectores que manifiestan seguridad e inseguridad en los ingresos están ligados a las condiciones sociolaborales, y las particularidades de la reproducción económica que está moldeada por la heterogeneidad estructural.  En base a ello es posible observar las distintas clases socio-ocupacionales que manifiestan peligro o debilidad de obtener recursos, y cuáles potencialmente pueden disminuir sus ingresos. En ese marco, sostener la posibilidad de un crecimiento potencial luego de la caída de la economía necesita por lo menos restringir la austeridad para sostener ingresos para salir de la crisis. Los sectores más amenazados ocupan el universo de diversas formas de informalidad. Sin embargo, puede especularse que el impacto será menor en profesionales autónomos y “patrones” de hasta dos empleados, que admite rangos mayores de ingresos, pero se trata de ingresos irregulares.

 

Chávez Molina comentó que se encuentran una serie de profesionales calificados vinculados a servicios personales o, bien al arte o el deporte, que pueden tener altos ingresos, aunque sean de forma irregular. Las actividades que realizan se encuentran entre las primeras más afectadas por la reducción de la actividad, generando un tipo especial de vulnerabilidad. Además, describió la situación de quienes trabajan por cuenta propia, con actividades tradicionalmente denominadas “changas” y cuyos ingresos además de irregulares se ubican en las franjas de menores ingresos. Asimismo, se refirió a los trabajadores asalariados en pequeños establecimientos, que por lo general se encuentran en condiciones de contratación irregulares. Inclusive puede darse el caso de trabajadores que se desempeñan en forma asalariada pero la forma de contratación es el monotributo. Si bien pueden tener una relativamente mayor certidumbre de los ingresos, la fragilidad de los mismos hace necesario atenderlos vía transferencias como el actual Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

 

Roxana Mazzola, FLACSO  y docente de la UBA, precisó que la situación actual afecta mucho a los jóvenes y visibiliza un fuerte trasfondo de desigualdad: “La pandemia afecta más a las estructuras endebles. Esta es una oportunidad para agendas futuras, es necesario que haya más conexión entre programas gubernamentales”. Señaló que el Estado toma medidas según su orientación política y que las políticas estructurales deben trascender eso: “Tiene que haber un sistema de políticas regionales, entre países”. Por último se preguntó qué efecto tiene la pandemia. “Efecto de desigualdad: hay medidas del gobierno argentino sobre salud, trabajo, violencia en la convivencia por la cuarentena. Tiene que haber también una reforma impositiva. Es la oportunidad para discutir cómo financiar políticas del estado diferenciales para cada sector de la población”, indicó.

 

Para concluir, Eduardo Lépore, director del Programa Pobreza, Inclusión y Política Social de la UCA, desarrolló el aparato normativo argentino para el trabajo y afirmó que “hay que trabajar hacia un marco integrado para preservar el trabajo y los ingresos”.

Señaló que es importante trabajar sobre una agenda nueva de políticas dirigidas al trabajo y detalló cinco ejes claves: En primer lugar se refirió a la protección de los trabajadores en relación de dependencia: protecciones laborales para el cuidado de la salud, cobertura de enfermedades inculpables, incapacidades temporales, asignaciones para el cuidado de personas dependientes, prestaciones económicas para el cuidado de menores afectados por enfermedades graves, ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, y ampliación de los supuestos que configuran la situación del desempleo legal (trabajadores suspendidos, discontinuos). También hizo mención al sector PYMES o por sector de actividad y la necesidad de un fondo de garantía por tiempo de servicio.

 

Se refirió a la necesidad de contemplar los procedimientos preventivos de crisis, suspensiones por fuerza mayor, y la agilización y realización de procedimientos abreviados, especialmente para micro y pequeñas empresas y la asistencia estatal al pago de las remuneraciones de las empresas en crisis a través de un fondo de garantía salarial o caja de integración.

En segundo lugar hizo hincapié en la protección de los trabajadores autónomos o independientes y la posibilidad de extender coberturas como la obra social para los trabajadores autónomos. “Se trata de nuevas realidades y no debería haber dificultades para estatutos diferenciales”, señaló Lépore. También hizo mención a la cobertura de riesgos de trabajo, asignaciones familiares y seguro de cese de actividad para trabajadores independientes.

 

En tercer lugar se refirió a la protección de las nuevas formas de trabajo donde la relación de trabajo no tiene los atributos clásicos de la subordinación económica, el empleador no es único o esta difuminado, o no es una empresa en sentido estricto. Configura formas híbridas entre el asalariado y el trabajo independiente. Lépore indicó que “surge la necesidad de contar con estatutos laborales y de seguridad social para los siguientes colectivos: trabajadores de la economía digital, de plataformas, trabajadores bajo demanda, trabajadores de la economía civil, voluntarios y colaboradores de las organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la economía social, cooperativas de trabajo y trabajadores de la economía del cuidado”.

 

Seguidamente, se refirió al ingreso solidario para la protección social: sobre la base del antecedente del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), hizo mención a la universalización de los ingresos mínimos destinado a personas con problemas de empleo, asalariados discontinuos, informales y cuentapropistas de bajos ingresos. Es necesario definir la población destinataria: individuo, grupo familiar, hogar y establecer la compatibilidad con el trabajo, los incentivos a la contratación y a la registración laboral y en la seguridad social.

 

En quinto lugar mencionó a los servicios de empleo y la necesidad del fortalecimiento y desarrollo de la intermediación laboral, la digitalización de las bases de datos de oferentes y demandantes de empleo, la implementación de la capacitación laboral con criterios de certificación de competencias, el fortalecimiento de los consejos sectoriales de formación profesional y la coordinación entre los Ministerios de Trabajo, Educación y Desarrollo Social. Puntualizó sobre la creación de una agencia federal como organismo rector del servicio de empleo y formación laboral dada la debilidad de la estructuración institucional vigente: desarticulación entre las acciones gubernamentales, resultantes de una marcada fragmentación institucional. “El objetivo es integrar los distintos niveles de gobierno, estableciendo cuáles son las responsabilidades del gobierno nacional, de las provincias y de los municipios”, indicó.

 

Por último, habló del financiamiento: que el Fondo Nacional de Empleo se destine a las acciones del servicio de empleo, implementando una estrategia de formalización y de registración laboral. “Surge la necesidad de ampliar la base contributiva y revisar las cotizaciones. Es importante considerar la creación de impuestos específicos para el financiamiento de la seguridad social”, concluyó.

 

 

 

Fuente: UCA

PE

 

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